
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública confirma el rechazo de la inscripción de un cambio de administrador porque los justificantes de un operador postal privado no acreditaban de forma fehaciente la convocatoria de junta general por burofax.
La convocatoria de junta general por burofax es el centro de la Resolución de 13 de julio de 2026, publicada en el BOE de 31 de octubre. En el caso examinado, el Registro Mercantil de Alicante acordó convocar la junta de una sociedad limitada a petición de un socio. Los dos socios que asistieron, titulares del 50 % del capital, votaron a favor de cesar al administrador único y nombrar a su sustituto.
Los estatutos permitían convocar a los socios mediante burofax, correo certificado con acuse de recibo u otro medio escrito fehaciente. Se utilizó una plataforma privada y, respecto del socio que no asistió, el certificado reflejaba dos intentos de entrega y que el envío no fue retirado. La registradora consideró insuficiente esa documentación para acreditar la convocatoria, y la Dirección General confirmó su criterio.
El artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital permite prever en los estatutos una comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado o en el que conste en la documentación social. Esta exigencia permite a cada socio conocer la convocatoria y ejercer sus derechos de asistencia, información y voto.
La Dirección General aplica al ámbito registral la distinción probatoria del artículo 22.4 de la Ley 43/2010, que reconoce una presunción de veracidad y fehaciencia al operador postal designado en las notificaciones administrativas y judiciales. Según la resolución, la documentación de Correos, como operador designado, puede acreditar por sí sola los hechos que certifica a efectos registrales. Los justificantes del operador privado carecen de esa fuerza probatoria por sí solos, aunque pueden valorarse junto con otras pruebas en un procedimiento judicial.
La calificación señaló también el cierre registral por falta de depósito de las cuentas de 2024. El recurso se limitó a la convocatoria y el cierre quedó firme en esa vía. El artículo 282 de la Ley de Sociedades de Capital exceptúa del cierre el cese de administradores. El nombramiento de un nuevo administrador queda sujeto a dicho cierre.
Cuando esté previsto cambiar al administrador, conviene revisar el medio de convocatoria exigido por los estatutos, comprobar el domicilio de cada socio y conservar el texto enviado y la certificación del resultado de la entrega. Si se convoca por burofax, la resolución muestra la importancia de contar con documentación de Correos que permita acreditar esos extremos ante el Registro Mercantil.
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